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| Putumayo, Puerto Asís, Piñuna Negra Febrero 2012 |
La senda de la Consolidación
La presencia de cultivos ilícitos y grupos armados ilegales en zonas rurales de Colombia, han generado múltiples problemáticas sociales, económicas, ambientales e institucionales, razón por la cual el Estado colombiano viene adelantando, desde la década de los ochenta, diversas estrategias para garantizar de manera sostenible las condiciones para la paz y la seguridad nacional en el marco de una cultura de la legalidad.
En el año 2004, el gobierno nacional conformó el Centro de Coordinación de Acción Integral – CCAI, como una estrategia de coordinación interinstitucional de 14 entidades del Estado y 20 más de enlace, con el propósito de fortalecer la legitimidad y presencia de las instituciones democráticas en regiones caracterizadas por la presencia de actores armados ilegales y cultivos de uso ilícito, donde tradicionalmente había una débil institucionalidad.
Posteriormente se inició con el Plan Nacional de Consolidación en el año 2007, una estrategia de recuperación social e institucional del territorio que se implementó, en primera instancia, en la región de La Macarena con el fin de establecer las condiciones necesarias para recuperar el control institucional, promover la gobernabilidad local y la participación; erradicar los cultivos ilícitos y desarrollar una cultura de la legalidad, recuperar los parques nacionales y proteger de manera efectiva los derechos humanos.
Gracias a este modelo se logró reducir en un 77% el área de cultivos ilícitos en la zona de La Macarena; y bajo el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se recogen las lecciones aprendidas de este primer piloto y surge la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial-PNCRT, cuya puesta en marcha está bajo el liderazgo de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial – UACT, creada en noviembre de 2011.
La PNCRT interviene en zonas del país donde han prevalecido desequilibrios regionales, alteraciones reiteradas del orden público, control ilegal del territorio por grupos armados ilegales, actividades económicas ilícitas y condiciones de vida precarias de la población rural. Inicialmente se están focalizando los esfuerzos en 51 municipios de Colombia, ubicados en las regiones de Nudo de Paramillo, Montes de María, Tumaco, Macarena – Río Caguán, Cordillera Central, Catatumbo y Putumayo.
La política se fundamenta en la seguridad territorial, busca una transición hacia la generación de capacidades, y está enmarcada en tres pilares: institucionalización del territorio; participación ciudadana y buen gobierno; e integración regional.
En este sentido, la UACT desde su Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos - DPCI viene cumpliendo con los compromisos adquiridos durante el gobierno anterior, con 14.378 Familias Guardabosques que venían vinculadas en procesos previos y que están ubicadas tanto en zonas de consolidación como por fuera de las mismas. Es así como actualmente se brinda atención a familias en Córdoba, Putumayo, Antioquia, Caldas, Cauca, Huila, Guainía, Guaviare, Magdalena, y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En este momento se están realizando los trámites respectivos de los pagos de incentivos económicos condicionados para estas familias y se está realizando la contratación para los acompañamientos integrales, que consisten en brindar asistencia técnica, social, ambiental y productiva a los participantes.
Adicionalmente, la DPCI en conjunto con la cooperación internacional brindará atención a 2.300 familias ubicadas en el pacífico colombiano, específicamente en Tumaco y Buenaventura. Con estas familias se trabajará un modelo de pago por compensación con el fin de evitar que continúen haciendo una extracción ilegal de la zona e implementen iniciativas productivas que les permitan generar ingresos.
También se tiene previsto hacer una ampliación con un Consejo Comunitario en Tumaco para atender 2.500 familias más, en donde se busca promover la conservación del bosque entre Bajo Mira y Acapa de 140.000 hectáreas, el cual representa el 40% de los territorios colectivos de Tumaco.
En qué estamos?
La UACT viene realizando un trabajo intenso desde la DPCI y las Gerencias Regionales con el fin de ubicar y entrar a las zonas para realizar una posible intervención que permita movilizar la institucionalidad a estos territorios, pasar de economías ilícitas a lícitas y restituir los derechos fundamentales de las comunidades.
El proceso empieza a partir de un análisis nacional de cultivos ilícitos; y seguido de esto se realiza una microfocalización que consiste en la selección previa de las veredas, zonas o núcleos, la cual resulta de la participación activa de las comunidades, las autoridades locales, los entes territoriales y la cooperación internacional.
De estos acuerdos territoriales, surge un diagnóstico que recoge las características sociales, económicas, técnicas, productivas, ambientales y de seguridad de cada zona; y se establece a través de una mesa técnica, la voluntariedad o no para erradicar los cultivos ilícitos, previamente basada en la concertación con las comunidades. De igual forma se establece en cada territorio una mesa de compromisos de las comunidades y los actores regionales.
Aunque la UACT viene afinando sus acciones fundamentalmente en zonas de consolidación, por fuera de éstas se realiza la intervención donde se identifique una voluntad de los gobiernos locales.
Los resultados del análisis nacional y microfocalización serán valorados a nivel nacional con el fin de hacer una priorización, teniendo en cuenta los lineamientos de la política y recursos disponibles. Se estima culminar esta fase durante este mes y se destacan, principalmente, los avances en los departamentos de Antioquia y Nariño porque debido al interés de las autoridades departamentales por trabajar el tema de cultivos ilícitos, ya se han iniciado los diagnósticos y mesas técnicas con las gobernaciones; alcaldías; líderes comunitarios; la Fuerza Pública; y entidades como el Incoder, SENA y Colombia Responde, entre otros. “Este es un proceso que se hace en conjunto con todos los actores”, comenta Juan Leonardo Giraldo de la DPCI.
Luego de este proceso de análisis, microfocalización y priorización se realizarán unos foros institucionales y asambleas con la comunidad para definir la ruta de la intervención y establecer alianzas estratégicas con todos los actores territoriales para garantizar la sostenibilidad del proceso en las zonas. En paralelo, se iniciarán las labores de erradicación, que de acuerdo con lo que se concierte con la comunidad, puede ser voluntaria, acompañada por la fuerza pública o por aspersión aérea.
Posterior a la erradicación, se inicia un proceso de aproximadamente 2 meses en los que se brinda asistencia de respuesta rápida, seguridad alimentaria de transición y acompañamiento a iniciativas productivas a las familias participantes. La UACT tiene un cupo hasta de 25.000 familias para atender este año, pero esta cantidad podría variar de acuerdo con los resultados del proceso de análisis y priorización.
Todo lo anterior hace parte de un primer ejercicio de la PNCRT que surge desde los territorios y con las comunidades, gobiernos locales y otros actores clave.
Qué significa para el país que estemos erradicando?
Durante el año 2011, gracias a la estrategia de erradicación manual desarrollada por los Grupos Móviles de Erradicación - GME en conjunto con la Fuerza Pública (Armada, Ejército y Policía), se eliminaron 33.726 hectáreas de coca en el país. Esta importante cifra evitó la producción de aproximadamente 92 toneladas de clorhidrato de cocaína que representan aproximadamente cuatrocientos mil millones de pesos en el mercado nacional. Sin embargo, según el reporte mundial de drogas -UNODC, 2011, existe información que da cuenta del precio mayorista por kilogramo de clorhidrato de cocaína de USD $ 55.000 en Europa y USD $ 57.000 en Estados Unidos, lo que aumenta el impacto económico potencial al eslabonamiento de los grupos dedicados al tráfico de la cocaína colombiana destinada a la exportación. Aún existe divergencia en la participación de la cocaína colombiana en estos mercados externos.
Durante el primer trimestre de 2012, la erradicación manual adelantada ha evitado la producción potencial de aproximadamente 16 toneladas de clorhidrato de cocaína avaluadas en setenta mil millones de pesos. A marzo de 2012 se han erradicado de manera conjunta 5.816 hectáreas de cultivos ilícitos en contraste con las 4.194 hectáreas erradicadas en el mismo periodo de 2011.
“Erradicar una hectárea de coca costaba a diciembre de 2011, dos millones trescientos mil pesos en promedio, esta inversión representa una gran pérdida para los delincuentes y nos permite debilitar los eslabones de financiación de la droga”, manifiesta el Coronel Germán Pataquiva, Coordinador de GME de la UACT.
Las cifras son contundentes y muestran el impacto social, económico, ambiental y político que la erradicación genera para el país, por tanto la estrategia del gobierno nacional tiene una visión de territorio y de bienes de tercera generación como los parques nacionales, ya que de no comenzar a erradicar en estas áreas de conservación, el desastre ambiental podría ser enorme. Dicha estrategia apunta a lograr territorios libres de cultivos ilícitos, desde la construcción de planes de transición para contribuir a la consolidación del territorio y a la superación del conflicto armado.
Un elemento fundamental para la consolidación es la promoción de una cultura de la legalidad, ya que como expresa el Coronel Pataquiva: “Cuando la comunidad está de lado del cultivo ilícito, no solamente está de lado del delincuente, sino que también les genera recursos…el combustible de la guerra sale de los cultivos ilícitos, por eso para el Estado es fundamental trabajar en la erradicación”.
Debido a la dispersión en pequeñas cantidades de los cultivos, actualmente la erradicación es más difícil que hace 10 años porque los cultivos estaban sobre grandes extensiones; sin embargo los GME vienen trabajando incansablemente de la mano de la Fuerza Pública para promover la legalidad a partir de la erradicación, ya que de esta manera se aporta a la reconstrucción de los territorios y de la democracia.
Los GME están conformados por 1.758 personas que son campesinos agricultores que aprovechan los dos meses de erradicación para recaudar ingresos que les permitan el sustento de ellos y sus familias. Estos seres humanos tienen innumerables historias que dan cuenta del impacto positivo que genera en sus vidas el paso de actividades ilícitas a lícitas, ya que muchos de estos campesinos en el pasado fueron “raspachines” o sembradores de coca.
Una vez se termina la erradicación, entra todo el proceso de post erradicación que consiste en la asistencia de respuesta rápida, seguridad alimentaria de las familias y acompañamiento para la promoción de iniciativas productivas que permitan la generación de ingresos y pasar de economías ilícitas a lícitas.
La sostenibilidad de la consolidación se garantiza con un proceso coordinado de establecimiento de la institucionalidad en los territorios, la construcción de la democracia a partir de la legalidad, la participación ciudadana, la gobernabilidad, la integración regional, y principalmente, el cumplimiento de los derechos fundamentales.
Entrevista Coronel Germán Pataquiva - DPCI 2 de abril de 2012
¿Qué significa para el país que estemos erradicando?
De febrero a marzo se han erradicado 5.883 hectáreas, cifra bastante significativa si la comparamos con el primer trimestre del año pasado.
Hace 10 años había grandes extensiones con cultivos de coca, y ahora son pequeños y dispersos, es por esto que hoy en día es mucho más difícil erradicar, ya que los narcotraficantes han optado por la atomización y dispersión en pequeñas cantidades para que no sea fácil erradicar. Es sin exagerar 8 veces más difícil erradicar y es mucho más costoso.
Hace unos años la guerrilla se movilizaba y hostigaba, pero hoy siembra minas, y las minas tienen unas características diferentes, las minas contra el erradicador son minas con gran capacidad porque lo que se busca es causar el mayor número de heridos posibles. Normalmente al soldado le ponen mina quiebra patas y al erradicador le ponen bombas.
Las ONGS y otros dicen que el Estado envía campesinos a la muerte porque van a campos minados. Pero es que el narcotráfico le paga a los grupos armados ilegales para que ubiquen las minas en donde hay cultivos, ya que con la erradicación, los narcotraficantes pierden masas, es decir que los campesinos cuando siembran cultivos ilícitos están a favor de ellos, pero al darse la erradicación se invita a la legalidad, y en ese caso, las masas dejan de estar de lado de las guerrillas. Por ejemplo, el día que se quiera hacer una marcha contra la erradicación son estas personas las que salen a marchar.
Cuando la comunidad está al lado del cultivo ilícito, no solamente está al lado del delincuente, sino que también les genera recursos. El delincuente necesita esos recursos para sobrevivir y dado que el combustible de la guerra sale de los cultivos ilícitos, para el Estado se convierte en un aspecto fundamental trabajar en la erradicación.
Se ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de estos años y si se quiere mostrar qué ha significado para el país que estemos erradicando, se podría plantear la relación entre los cultivos que hemos erradicado, la cocaína que se ha dejado de producir y consumir, y cuántos millones de dólares ha dejado de recibir el narcotráfico vs. la inversión que se hace para la erradicación.
Erradicar una hectárea de coca costaba a diciembre de 2011, aproximadamente $2.300.000pero si me gastó esto, cuánto deja de percibir el delincuente por esta hectárea, entonces
¿cuánto le quite?. Consiste en debilitar los eslabones de financiación de la
droga, y frenar el ingreso de los violentos y el impacto social que genera la
drogadicción. Por ejemplo: $1 peso de erradicación son casi $1.000 pesos que se
le quitan al narcotráfico. Vale la pena
preguntarse cuántas personas consumen la cocaína que en Colombia se fabrica y
cuánto se evita del consumo interno en nuestro país con la erradicación.
Por eso la consolidación va de la mano con la erradicación de
los cultivos ilícitos, ya que a partir de la legalidad se construye la
democracia.
En cuanto a contaminación también es muy alto el impacto por lo
que el beneficio para el medio ambiente es muy grande. Por tanto, el Estado no puede detenerse más en erradicar
la coca de los parques porque las consecuencias para el medio ambiente serían
desastrosas. La estrategia consiste en comenzar con los que tienen poca
afectación.
El papel de Comunicaciones es fundamental, ya que podemos
arrancar la coca, pero es importante informarlo para que la comunidad entienda
el por qué se erradica, para que los cultivos no se vuelvan cocaína y se
traduzcan en ganancias para la guerra.
¿En qué consiste la estrategia de GME?
Ahora se tiene una estrategia con visión territorio y de bienes
de tercera generación, y por eso se avanza en la línea de erradicar en las
zonas verdes y amarillas. Para luego
entrar a intervenir en las zonas rojas.
Nos hemos gastado 5.600 millones en este primer trimestre, y se
bajó porque como no tenemos horas de vuelo, priorizamos los lugares a donde
podíamos llegar, por lo que definimos objetivos cercanos y los segundos son
objetivos de mediano alcance y los últimos cultivos de lejano alcance.
Organizamos de esta manera los territorios y erradicamos los cercanos a las
carreteras, en los que aunque estaban muy dispersos, logramos erradicar
bastantes.
La primera fase va hasta el 31 de mayo y la segunda fase de
objetivos medianos estaría prevista hasta julio. La última sería para agosto.
Es por lo anterior, que muy seguramente en el próximo trimestre se van a
incrementar los costos porque los objetivos van a ser cada vez más lejanos.
Estuvimos en la zona de Barbacoas, Valle del Guamuez, Córdoba,
Paramillo y Antioquia, en donde se procuró encaminar esfuerzos en el 80% en
zonas de consolidación porque estamos intentando contribuir con el PCI.
En esta primera fase llegamos donde la Fuerza Pública nos define
y en una segunda fase se tiene en cuenta la microfocalización para trazar una
estrategia que nos permita sacar a la población de estos cultivos ilícitos.
En Puerto Gaitán, por ejemplo, la coca era de las bandas
criminales y no había familias vinculadas a los cultivos ilícitos, por lo que
las familias agradecieron la erradicación ya que las mafias utilizaban sus
fincas para hacer sus cultivos.
El Programa tiene dos áreas: erradicación y post erradicación. La
microfocalización que están haciendo los gerentes regionales, es absolutamente
importante porque se determina si hay familias vinculadas, su actividad
agrícola predominante y así se pude definir mejor la modalidad de erradicación.
Otra es la concertación con las comunidades indígenas porque
son territorios atractivos para el narcotráfico y ellos saben que la
negociación en la consulta previa se demora, por eso se ha multiplicado mucho.
Es importante diseñar proyectos para que les permitan a los
campesinos vivir de la selva, por lo que hay que promover iniciativas productivas innovadoras, como por
ejemplo, la siembra de caucho y cacao nativo en la selva, para lo que habría
que entregarles semillas a los campesinos.
Quién se enriquece de los cultivos ilícitos, es el
narcotraficante, por eso procuramos con la post erradicación acompañar a las
comunidades con unos proyectos productivos que les permitan generar ingresos.
Fase de post erradicación luego de dejar el territorio limpio de coca, mientras
voy arrancando la coca, las familias van recibiendo acompañamiento para sus
iniciativas productivas, atención de respuesta rápida y seguridad alimentaria.
¿Erradicar pone en peligro la vida de civiles?
Habría que preguntarse ¿Quién mina y por qué se mina?. Hemos
erradicado en zonas como Tierra Alta en donde quien pone las minas son las Farc
porque les pagan para procesos ilícitos y terminan defendiendo los intereses de
las mafias.
Cómo se justifica que en Tierra Alta- Córdoba, las Farc siembre
minas, porque se hace una especie de outsourcing
del crimen porque precisamente la erradicación les representa una gran pérdida.
Pero, qué tan peligroso
es erradicar?. En este punto es importante tener en cuenta que el número de
trabajadores x hectáreas erradicadas en el primer trimestre de este año dejó 1
muerto y 16 heridos, mientras que en áreas como la minería los índices de
accidentalidad seguramente son mucho más altos. Por tanto siendo una actividad de alto riesgo,
los estándares de accidentalidad son muy bajos.
Así podemos demostrar que erradicar es riesgoso, pero porque
los ilegales lo hacen riesgoso.
¿Quiénes son los erradicadores?
Tenemos 1.758 erradicadores, que son campesinos agricultores
que aprovechan esos dos meses para recaudar ingresos que les permitan el
sustento de sus familias y tienen seguro de vida y todas las garantías de ley. El
dinero que reciben les ayuda a su economía familiar, si no estuvieran
erradicando muy seguramente serían raspachines.
El erradicador es un hombre bueno y trabajador que es atacado
por los ilegales.
Entrevista Juan Leonardo Giraldo – DPCI
2 de abril de 2012
¿Cómo se da el proceso de continuidad entre las acciones que se venían desarrollando desde PCI y el modelo actual de intervención en el marco de la PNCRT?
El proceso de continuidad de lo que se venía haciendo se aterriza en los compromisos con Familias Guardabosques que ya estaban vinculadas al proceso, con quienes se habían firmado contratos, en los cuales ellos tienen también unos compromisos.
La UACT desde su Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos - PCI viene cumpliendo con los compromisos adquiridos con 14.378 Familias Guardabosques que venían vinculadas en procesos anteriores y que están ubicadas tanto en zonas de consolidación como Córdoba, Putumayo y Antioquia, así como en otros departamentos como Caldas; Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Huila; Guainía; Guaviare; Magdalena y Cauca.
En este momento se están realizando los trámites respectivos de los pagos de incentivos económicos condicionados para estas familias y se está realizando la contratación para los acompañamientos integrales, que consisten en brindar asistencia técnica, social, ambiental y productiva a los participantes.
La Dirección General avaló la intervención para cumplir con un compromiso con unas familias del pacífico colombiano en el municipio de Tumaco y un Consejo Comunitario ubicado en Buenaventura, esto se hace en conjunto con USAID. Allí se tiene una atención de 2.300 familias a las cuales se les va a hacer una continuidad del modelo de intervención que se estaba desarrollando bajo un modelo de pago de compensación para que dejen de hacer una extracción ilegal de la zona e implementen iniciativas productivas que les permitan generan ingresos. Se está pensando hacer una ampliación con otro Consejo Comunitario en Tumaco para atender 2.500 familias más, para la conservación de 140.000 hectáreas del bosque entre Bajo Mira y Acapa, que representa el 40% de los territorios colectivos de Tumaco.
Este año 2012 se tiene previsto finalizar el acompañamiento con las Familias Guardabosques participantes de la última fase del proceso de los departamentos de Huila y Cauca. El próximo año se continúa con otras familias con las que se cerraría a finales del 2013 y nos quedaría un rezago de familias para los primeros meses del 2014.
¿En qué consiste el modelo actual de intervención?
En el modelo de intervención de la Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos, se está haciendo un trabajo intenso con las gerencias regionales de microfocalización para ubicar las zonas de cultivos ilícitos a partir de un análisis nacional en donde posiblemente podamos entrar a veredas, zonas o núcleos para realizar una posible intervención. Se tiene planteado que antes de que se termine abril, de acuerdo con unos lineamientos estratégicos de Dirección General, vamos a priorizar teniendo en cuenta los recursos disponibles y los objetivos de la Política de Consolidación, lo que se va a definir es las zonas donde se va a realizar la intervención.
En abril se finaliza la micro y macro focalización con base en la información que se está recogiendo en el territorio a través de las gerencias regionales, existe el caso de Antioquia y Nariño en los que las gobernaciones tienen el interés de trabajar el tema de cultivos ilícitos y a partir de estos requerimiento se ha iniciado a trabajar en los diagnósticos y mesas técnicas con las gobernaciones, líderes, Incoder, SENA, Colombia responde, Alcaldías, y la Fuerza Pública.
Éste es el primer ejercicio de ese trabajo de la PNCRT que nace en el territorio.
¿Cuáles son los criterios para seleccionar las zonas de intervención?
La intervención se hace en zonas amarillas, en zonas rojas no se hace. EL PCI afina baterías para trabajar en zonas de consolidación, pero también se realiza cuando de acuerdo con la realidad de los territorios, los gobiernos locales solicitan la intervención.
¿En qué consiste el esquema de la intervención?
Todo parte de un análisis nacional de cultivos ilícitos, acuerdos territoriales, análisis profundo de la problemática de cultivos ilícitos en el que participan gobiernos locales, cooperación internacional, líderes y otros actores estratégicos en los territorios. De ahí se realiza una mesa de concertación, de los resultados de éstas se va a una macro focalización en la que se priorizan los municipios y la intervención. Éste es un trabajo que se hace en conjunto con todos los actores, la idea es que el sector privado se articule, pero depende de la zona y de la presencia de este sector en las mismas, por ejemplo en el Cauca el sector minero es muy importante, pero aún no es clara su participación. Es ahí donde entra la Dirección de Articulación.
Estamos recogiendo información del territorio, la microfocalización termina en una mesa de compromiso y un diagnóstico para definir de qué manera vamos a hacer la erradicación: voluntaria, o acompañada por la Fuerza Pública, una vez se tenga se hace la macrofocalización.
Estamos en el mes 4 en donde vamos a tener en el mes 3 una micro y macro fase 1, es probable que en mayo o junio se pueda hacer una segunda ronda de microfocalización, en el caso de que el ejercicio no se haya hecho completo.
Luego vienen unos foros institucionales en donde se define lo que se va a hacer, se valida la información y se establecen acuerdos en asamblea con la comunidad.. De ahí se definen las rutas.
En la dinámica que se venía trabajando de la erradicación, se está acompañando a la Fuerza Pública en su labor, se inició una primera fase, sin este proceso de micro y macro porque la Unidad se creó en noviembre del año pasado.
Durante mayo se harían foros y asambleas comunitarias e inicio de labores de erradicación manual. Cuando es manual voluntaria se hace una medición de cultivos ilícitos, la comunidad hace una erradicación, se hace verificación e inicia asistencia de respuesta rápida, seguridad alimentaria de transición e iniciativas productivas que hacen parte de la post erradicación.
En julio aproximadamente se estaría iniciando con post erradicación con las primeras familias. De ahí parte el después que dura más o menos dos meses. Tenemos un cupo hasta de 25.000 familias para atender este año, pero esta cantidad depende de los resultados de la micro y macrofocalización.
¿Cuánto tiempo dura la intervención?
La intervención es de doce meses y luego se priorizan nuevamente otras zonas, ya que no se puede atender todo el país al mismo tiempo.
¿Cómo se garantiza la sostenibilidad del proceso de consolidación?
El compromiso de la DPCI consiste en llegar a zonas libres de cultivos ilícitos, aportar a la PNCRT y abrir las puertas para que la demás institucionalidad del Estado y el sector privado lleguen a esas zonas y entregarles la apuesta de las iniciativas productivas y otros proyectos.
Las Gerencias Regionales cuentan con un equipo humano que tiene permanente contacto institucional local, lo que nos permite lograr un grado de confiabilidad y sostenibilidad para que el proceso no se vaya a caer.
